El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género introdujo una serie de novedades en materia de violencia de género que modifican la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y el Código Civil con el objetivo de dar una respuesta efectiva en relación con la asistencia a las víctimas y a sus hijos menores.

Las medidas, en vigor desde agosto de 2018, se enmarcan en el ámbito de las propuestas formuladas en los informes de la subcomisión del Congreso para un pacto de Estado contra la violencia de género y de la ponencia de estudio del Senado para la elaboración de estrategias contra este tipo de violencia.

Tal y como se recoge en la exposición de motivos del real decreto-ley mencionado, las elevadas cifras de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas y el amplio porcentaje de víctimas que no había denunciado previamente la situación de maltrato sufrida justifican la implantación de estas medidas, que fortalecen la tutela judicial y el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. A continuación, vamos a explicar en qué consisten estas novedades.

En primer lugar, en relación con la asistencia jurídica a las víctimas, se modifica el artículo 20 de la ley sobre violencia de género introduciendo tres novedades:

• Se refuerza la asistencia jurídica de las víctimas, instando no solo a los colegios de abogados, sino también a los de procuradores, a adoptar las medidas necesarias para la designación urgente y de oficio de estos profesionales en los procedimientos sobre violencia de género.
• Se implementa la habilitación legal del letrado de la víctima para que pueda ostentar su representación procesal hasta la personación de esta en el procedimiento.
  Se acepta que el abogado de la víctima ostente su representación durante el procedimiento hasta que ella se persone.
• En relación con el punto anterior, se permite a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

Acreditación de las situaciones de violencia de género