– En primer lugar, el principio de legalidad que supone que todos los poderes públicos están sujetos a la ley.

– En segundo lugar, la jerarquía normativa que implica que las normas de rango inferior deben respetar las de rango superior y no contradecirlas.

– En tercer lugar, la publicidad de las normas. Se trata de un requisito imprescindible para asegurar su conocimiento por parte de los ciudadanos y, con ello, dotar de seguridad jurídica al sistema. La entrada en vigor y eficacia de las normas requiere de la previa y necesaria publicidad de las mismas.

– En cuarto lugar, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Este principio se encuentra recogido en el artículo 2.3 del Código Civil. En él se señala que las leyes no tienen efecto retroactivo si no disponen lo contrario. Además, el Código Penal hace referencia a este principio en su artículo 2 y establece que nadie puede ser castigado por un delito cuya pena no esté prevista en la ley antes de su perpetración. Se trata de una garantía de seguridad jurídica, en tanto que el ciudadano solo debe preocuparse por los hechos que en la actualidad contienen sanción penal o administrativa, y no por la regulación que puedan tener en el futuro. En cambio, la despenalización de ciertas conductas sí beneficia a las personas que en el pasado las cometieron y se encuentran procesadas o condenadas por dichos hechos.

– En quinto lugar, la seguridad jurídica que es una exigencia del Estado de derecho e implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, es decir, que no debe provocar situaciones dudosas y tanto los operadores jurídicos como los ciudadanos deben tener una expectativa razonable de cuál será la actuación de los poderes públicos al aplicar el derecho.