Medios y período de pruebas

Así, el artículo 77 señala que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que sea admitido en derecho. Su valoración se realizará de acuerdo con los criterios que se establezcan en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En el caso de que la Administración no considere ciertos los hechos alegados por los interesados, o cuando el procedimiento así lo exija, el instructor del mismo abrirá un período de pruebas por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10 días, con el objetivo de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá abrir un período extraordinario de pruebas por un plazo no superior a 10 días.

Es importante resaltar que el instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas que propongan los interesados, mediante resolución motivada, cuanto estas sean improcedentes o innecesarias.

En los procedimientos sancionadores, los hechos que se declaren probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

Los documentos que formalicen los funcionarios que estén reconocidos como autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de estos, salvo que se acredite lo contrario.

Si la prueba consiste en la emisión de un informe de un órgano administrativo, un organismo público o una entidad de derecho público, se entenderá que tiene carácter preceptivo.

Por último, este artículo aclara que, si la valoración de las pruebas practicadas constituye un fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento por ser una pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

Práctica de pruebas

Por su parte, el artículo 78 recoge que la Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones que serán necesarias para la realización de las pruebas admitidas. En dicha notificación, se señalarán el lugar, la fecha y la hora en los que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.

Si se produce un caso en el que, a petición del interesado, deban realizarse pruebas que impliquen gastos que no tiene que cubrir la Administración, esta podrá exigir el anticipo del dinero, a reserva de la liquidación definitiva, una vez que se haya practicado la prueba. Dicha liquidación de los gastos se realizará con todos los comprobantes que acrediten la realidad y la cuantía de los mismos.

La sección tercera habla de los informes, que son aquellas opiniones que pueden ofrecer órganos o personas que tengan competencia para ello, y que servirán de ayuda para tomar la decisión acertada en el procedimiento.

Petición

Así, el artículo 79 recalca que, para resolver un procedimiento, se solicitarán los informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija, o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. En dicha petición de los informes, se concretarán el extremo o los extremos acerca de los que se solicitan.

Emisión de informes

Recuerda el artículo 80 que, salvo que haya una disposición expresa que diga lo contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Dichos informes se emitirán, a través de medios electrónicos, en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permitan o exijan otro plazo, mayor o menor. En el caso de que no se emita el informe en el plazo señalado (sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de esa demora), se podrá proseguir con las actuaciones correspondientes, a no ser que el informe sea preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento, que no podrá exceder, en ninguna circunstancia, de tres meses. Si no se recibe el informe en el plazo indicado, se continuará con el procedimiento.

Si el informe lo tiene que emitir una Administración Pública diferente a la que tramita el procedimiento (para expresar su punto de vista, correspondiente a sus respectivas competencias), pero finaliza el plazo sin que lo emita, se continuará con las actuaciones pertinentes.

Es importante recordar que el informe que se emita fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

Señala el artículo 81 que, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar el informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, si bien el plazo para su emisión no puede exceder de 10 días.

Cuando las indemnizaciones que hayan sido reclamadas sean de un importe igual o superior a 50.000 euros o al que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, o en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo que se solicite un dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la comunidad autónoma.

En este sentido, el órgano instructor, en el plazo de 10 días, contados desde que finalice el trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución o, en su caso, la propuesta del acuerdo por el que se podría terminar el procedimiento de manera convencional. Dicho dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre si existe o no una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, así como, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y el modo de la indemnización.

En el caso de las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses. El período para dictar resolución se suspenderá por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, sin que el plazo exceda de dos meses.

Cerramos el capítulo IV con la sección cuarta, que habla de la participación de los interesados.

Trámite de audiencia

Señala el artículo 82 que, instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, estos se darán a conocer a los interesados o a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La audiencia de los interesados será anterior a que se solicite el informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico, o a la petición del dictamen del Consejo de Estado o de un órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en el caso de que estos formaran parte del procedimiento.

Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Si antes de que finalice el plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se entenderá realizado el trámite.

Por otro lado, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las que haya presentado el interesado.

En cuanto a aquellos procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario, en todo caso, dar audiencia al contratista y notificarle las actuaciones que se realicen en el procedimiento para que se pueda personar en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga, y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

Información pública

Por último, el artículo 83 señala que el órgano al que le corresponda resolver el procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública, y, para ello, se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente, con el objetivo de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente o la parte del mismo que se acuerde.

Dicho anuncio señalará el lugar de exhibición, aunque deberá estar, en todo caso, a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que no podrá ser inferior a 20 días.

La incomparecencia en este trámite no impedirá que los interesados interpongan los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

Es importante recordar que la comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones que sean iguales.

Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, de manera directa o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.