El proceso se inicia cuando la comisión que promueve la iniciativa presenta ante la mesa del Congreso de los Diputados toda la documentación para que pueda examinarla y decidir si la admite o no en un plazo de 15 días. Aquí comienzan las primeras limitaciones y es que no se aprobarán las proposiciones que traten sobre algunas de las materias excluidas, aquellas que no se haya cumplimentado de manera correcta, (eso sí, la Mesa del Congreso puede dar un plazo de un mes para subsanar errores)o las proposiciones cuyo texto verse sobre materias diferentes y que no tengan relación entre ellas. Tampoco se admitirán si se da el caso de que ya haya un proyecto o proposición de ley igual en el Congreso o el Senado y que esté, al menos, en el trámite de audiencias o que ya se haya presentado otra con el mismo contenido durante la legislatura que esté en curso.

Transcurrido el plazo que tiene la Mesa del Congreso para admitir o no la proposición de ley, y si el resultado es negativo, la comisión promotora podrá interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. En el caso de que si se acepte la proposición se da aviso a la Junta Electoral Central que será la encargada, no solo de notificarlo a la comisión promotora, si no que garantizará la regularidad de la recogida de firmas que deberán entregarse en un plazo de nueve meses desde que la Junta lo notifica a la Comisión. Un plazo que se puede ampliar, de manera excepcional, a tres meses más. En el caso de que se agote el plazo sin que se entreguen las firmas, la iniciativa caducará.

Recibida la notificación de que se han logrado las firmas necesarias, la Mesa ordenará la publicación de la proposición, que se incluirá en el orden del día del pleno en el plazo máximo de seis meses para que la puedan debatir sobre ella.

El Estado resarcirá a la Comisión Promotora de los gastos realizados en la difusión de la proposición y la recogida de firmas cuando alcance su tramitación parlamentaria con una compensación económica que no excederá, en ningún caso, de 300.000 euros.