Cerramos el título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el capítulo III, que engloba los artículos del 47 al 52 y que establece las diferencias entre la nulidad y la anulabilidad de los actos de las Administraciones Públicas. Por un lado, cuando un acto es nulo de pleno derecho es porque, desde el principio, no tiene validez y, por lo tanto, tampoco tiene ningún efecto jurídico por la falta de alguno de los requisitos esenciales, como puede ser el consentimiento. Por otro lado, un acto es anulable cuando tiene un vicio que lo invalida; por lo tanto, aunque se cumplan todos los requisitos esenciales para realizarlo, existe una irregularidad, como puede ser un error en la forma o una serie de amenazas contra la firma de ese acto, que lo anula. Se trata de errores que se pueden reparar, por lo que, a diferencia de los actos nulos, los actos anulables, una vez subsanado el vicio, sí podrían producir efectos.

Nulidad de pleno derecho

Comenzamos este recorrido en el artículo 47, enumerando los casos en los que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho:

• Los que lesionen los derechos y las libertades susceptibles de amparo constitucional.
• Los que hayan sido dictados por un órgano incompetente por razón de la materia o del territorio.
• Los que tengan un contenido imposible.
• Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
• Los que se dicten prescindiendo del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
• Los actos expresos o presuntos que sean contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
• Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.

Además, serán nulas de pleno derecho aquellas disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, así como las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Anulabilidad

Por otro lado, el artículo 48 señala que los actos de la Administración son anulables cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto no cuente con los requisitos formales que son indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Por otro lado, el hecho de realizar actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Límites a la extensión de la nulidad o la anulabilidad de los actos administrativos

En el artículo 49, se señalan dos casos en los que, aunque se produzca la nulidad o la anulabilidad del acto, ello no implica que se anulen otros actos del procedimiento que sean independientes del acto viciado.

Es decir, la nulidad o la anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Tampoco la nulidad o la anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de las partes del mismo que sean independientes, salvo que la parte viciada resulte de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.